En un escenario que ha despertado la preocupación de diversos sectores sindicales y sociales, Virginia Bouvet, secretaria de organización del Sindicato de Trabajadores del Subte y Premetro, denuncia la imputación de 171 empleados del subte por la fiscal Celsa Ramírez. La acusación presenta una figura legal de extrema gravedad: asociación ilícita por medidas de fuerza llevadas a cabo en 2024 y 2025.
En una conferencia de prensa que reunió a numerosos representantes del mundo sindical, se resaltó la desmesura de la acusación contra medidas sindicales consideradas legítimas en el marco de una asociación gremial legal. Bouvet destaca, «nosotros tenemos mecanismos democráticos de consulta, agotamos todas las instancias de diálogo y cuando hacemos una medida de fuerza somos cuidadosos también, ¿no? De no hacer paros demasiado largos, de no parar todas las líneas a la vez, pensando en no perjudicar a otro trabajador que tal vez tiene su único medio de transporte».
Desde el sindicato señalan que esta no es la primera vez que se enfrentan a acusaciones de esta índole. En 2018, bajo circunstancias similares de demanda salarial, 16 trabajadores fueron imputados por la misma fiscal. Sin embargo, el proceso fue desestimado judicialmente, reconociendo que ser parte de una asociación gremial como la del subte es absolutamente legal y que la protesta es un derecho constitucional.
Un factor particularmente irritante de esta situación es que la acusación incluye al recientemente fallecido secretario general Beto Pianelli. «Somos 171, que incluye a nuestro secretario general, Beto Pianelli, recientemente fallecido, él estaba citado a declarar después de fallecido, bueno, nada, así con esa seriedad se están tomando esta acusación», comenta Bouvet, haciendo eco de la incredulidad y el descontento que este hecho ha suscitado entre los trabajadores.
La movilización de apoyo a los trabajadores del subte resuena más allá de los propios gremios de transporte, alcanzando a organizaciones de diversas orientaciones ideológicas que encuentran en este acto un ataque generalizado a los derechos laborales. «Cuando en el subte hacemos una medida de fuerza, no hay 170 personas involucradas, somos miles los que hacemos una medida de fuerza, también esa sensación de decir, bueno, estas 170 personas, esto y el resto, o sea, no, las medidas de fuerza son respaldadas por la inmensa mayoría», señala Bouvet, destacando el respaldo interno que tiene cada acción sindical.
El trasfondo de la confrontación, según los involucrados, se enmarca en un contexto de intentos de reforma laboral que buscan limitar los derechos de los trabajadores. «Quieren hacernos retroceder un siglo en cuanto a derechos, bueno, y también disciplinar a trabajadores y creemos que por ahí esto se trata de un mensaje», expresa la secretaria del sindicato.
Mientras el proceso judicial avanza, el sindicato del subte ha solicitado una prórroga para las declaraciones indagatorias y busca la recusación de la fiscal Ramírez, argumentando que las imputaciones se basan en datos proporcionados ilegalmente por la empresa Emova y relacionadas con políticas empresariales cuestionables que intentan erosionar los derechos laborales adquiridos.
El pronunciamiento colectivo en defensa de los sindicados del subte, que incluye a la CTA y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, es un indicador del amplio rechazo a lo que se percibe como un intento de amedrentar y restringir las acciones legítimas de los gremios. En un emotivo cierre, Bouvet recuerda al Beto Pianelli, como el «mejor sindicalista de la historia argentina», haciendo referencia al legado de lucha y solidaridad que inspira al sindicato en estos momentos de tensión.
En suma, la comunidad gremial y sectores sociales observan atentos los desarrollos de este proceso, atentos a que la justicia preserve los principios democráticos y el derecho a la protesta, fundamentales en una sociedad que aspira a la equidad y el respeto de los derechos laborales.
