Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años, fue trágicamente asesinado a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. Por el homicidio han sido imputados ocho jóvenes, quienes se han vuelto mediáticamente conocidos como «los rugbiers», aunque este término haya sido cuestionado por su generalización. A medida que el juicio llega a su cúspide, surge la pregunta de qué sucederá después para la sociedad en general, y para la justicia en particular.
Diego Medina, periodista especializado en crónica judicial, reflexionó sobre las potenciales implicaciones del veredicto en la vida pública y judicial. «Hay una condena social muy fuerte, que obvia todos los procesos legales que hacen falta para hacer una condena basada en pruebas», explica Medina, señalando cómo la opinión pública ha dictado juicio antes que los propios tribunales.
Este fenómeno de condena anticipada no es desconocido. El caso de Lucio Dupuy —otro infanticidio que ha conmovido a la Argentina— ha seguido una trayectoria similar; con perpetradores identificados—la madre del menor y su pareja—pero aún pendiente el dictamen definitivo sobre la pena. «Me parece que la diferencia con el caso de Lucio es que ahí los hechos estaban claramente acreditados y la magnitud de lo que pasó con Lucio era lo suficiente como para que las pruebas derivaran en lo que seguramente será una condena a cadena perpetua», explica Medina.
En el escenario de Báez Sosa, la complejidad del juicio reside en el hecho de que son ocho los imputados, lo cual introduce múltiples aristas en el crimen. La querella ha solicitado una condena a perpetua, pero como indica Medina, «para los jueces tienen que probar y acreditar que los ocho participantes, los ocho chicos de Sarte, tuvieron el mismo grado de responsabilidad».
El debate jurídico se complica aún más con las distintas figuras penales que se discuten en el tribunal. ¿Fue el asesinato producto de un homicidio en riña, de un dolo directo, o de un dolo eventual? La defensa sostiene la primera opción, afirmando incluso la posibilidad de absolución. «Tendrían que probar que Fernando, por ejemplo, golpeó a algún chico, que tengo entendido que no está acreditado», detalla Medina, subrayando la dificultad de la defensa para sostener dicha versión.
La comunidad espera un fallo que ofrezca algún tipo de justicia reparativa para la familia de Báez Sosa. «Lo que nos gustaría mucho que pasara es que haya un castigo o una sentencia tal que permita que Fernando Báez Sosa pueda sentirse reivindicado y descansar en paz», concluye Medina, trasladando un sentir colectivo de anhelo por justicia y cierre.
La proximidad del veredicto añade una carga de expectativas, tanto para los familiares y amigos de la víctima como para la sociedad, que exige claridad y justicia. Al mismo tiempo, el caso obliga a reflexionar sobre las limitaciones del sistema judicial ante presiones mediáticas y sociales, visibles en la fuerte demanda de condena antes de los resultados de un juicio justo y riguroso. Acerca de lo que pasará después, solo el tiempo lo confirmará, pero lo que es seguro es que este veredicto marcará un punto crítico para el rumbo de futuras resoluciones judiciales y su impacto en el tejido social argentino.
