En una reciente entrevista, Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se pronunció de manera contundente sobre la solicitud de habeas corpus interpuesta por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, liderada por el secretario Horacio Pietragala. Esta petición exigía que la policía de la ciudad abandonara las escuelas que estaban bajo toma, una situación que ha generado un acalorado debate en la opinión pública.
La ministra no dudó en expresar su desacuerdo respecto a esta intervención judicial, calificándola como «un disparate absolutamente». Acuña argumentó que el habeas corpus «no tiene que ver ni con la situación, ni con el contexto, ni con la herramienta en particular». En sus declaraciones, defendió la actuación del gobierno de la ciudad y aclaró que la policía no había sido enviada a las escuelas: «La policía solamente cumplió rol de notificación en los casos que la justicia tenía que notificar a las familias denunciadas por el gobierno de la ciudad».
Acuña remarcó que la participación policial se enmarcaba en los lineamientos legales, destacando que «la policía en la única instancia en la que tuvo un rol en la toma de las escuelas fue cuando la Fiscalía del Fuero Penal y Contravencional usó y solicitó el servicio de notificación». Esto, afirmó, se hizo a aquellas familias «que habían sido denunciadas por el gobierno de la ciudad por ser responsables del patrimonio, de la seguridad y de los costos en los que incurre el Estado cuando hay una medida de fuerza como el cierre de una escuela».
Este conflicto se inscribe en una situación más amplia de tensión en el ámbito educativo, donde las tomas de escuelas por parte de estudiantes han sido una forma de protesta recurrente. Estos movimientos, motivados por diversas demandas estudiantiles, han forzado a las autoridades a buscar formas de resolver los enfrentamientos sin afectar significativamente el funcionamiento del sistema educativo y la integridad de las instituciones.
La crítica de la ministra también enfatizó la legalidad de los procedimientos realizados por la policía, defendiendo que el accionar estuvo regulado por las directrices judiciales pertinentes. Al señalar que «la policía no fue enviada por ninguno de los miembros del Poder Ejecutivo a las escuelas», Acuña buscó disipar las acusaciones de militarización o de intervención indebida en las instituciones educativas.
El contexto que rodea este debate es complejo. Las escuelas tomadas representan un desafío para las autoridades, quienes deben equilibrar el derecho a la protesta con la obligación de garantizar un ambiente seguro y operativo en las instituciones educativas. Al respecto, Acuña hizo mención a la responsabilidad de las familias en esta dinámica, justificando las notificaciones emitidas por la fiscalía y gestionadas por la policía.
La posición de Acuña resalta la intención del gobierno porteño de actuar dentro de los márgenes impuestos por la legalidad, esforzándose por transmitir un mensaje de orden y cumplimiento de la ley. «Este habeas corpus es un mecanismo totalmente desubicado en este contexto», insistió la ministra, reafirmando que la situación actual requiere de un tratamiento acorde con las normativas preestablecidas más que de intervenciones judiciales extraordinarias.
Las declaraciones de la ministra Acuña, en su conjunto, buscan reencuadrar el rol de la policía en el contexto de las protestas estudiantiles llevadas a cabo en las escuelas, afirmando que su participación ha sido estrictamente formal, en respuesta a las necesidades judiciales y sin incurrir en acciones represivas o arbitrarias. Esta postura no solo busca defender el accionar policial, sino también legitimar la respuesta gubernamental a los desafíos planteados por las tomas.
El debate en torno a este tema continuará, en tanto que las demandas estudiantiles y las estrategias gubernamentales para abordarlas seguirán siendo puntos de fricción. La necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y el deber de asegurar el normal funcionamiento de los servicios educativos constituye un desafío permanente para las autoridades. En este sentido, la discusión presentada por Acuña plantea interrogantes cruciales sobre cómo se pueden manejar estas situaciones delicadas sin comprometer el bienestar de toda la comunidad educativa.
La posición expresada por la ministra Soledad Acuña sobre el habeas corpus introducido subraya la necesidad de un diálogo constante entre los diversos actores del sistema educativo, en búsqueda de soluciones que respeten los derechos de todos y aseguren un ambiente propicio para el aprendizaje y el desarrollo estudiantil.
